Si nos fijamos en lo que invierte cada país europeo en vivienda, podemos separar cuatro grupos. El primero compuesto por Holanda, Suecia y Reino Unido, que destinan más del 3,5 % del PIB. El segundo, integrado por Dinamarca, Francia y Alemania, que gastan entre el 1,5 % y el 2,5 %, mientras que Irlanda y Finlandia invierten en torno al 1,4 %. En el último grupo están España, Portugal y Grecia, países con el mayor índice de propietarios ocupantes y el presupuesto de los cuales se utiliza en ayudas directas al acceso a la propiedad.
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VPO: procesos más ágiles
Desde abril del 2011 el proceso de adjudicación de pisos de protección oficial se ha agilizado mediante distintas medidas, entre ellas el régimen permanente de convocatorias abiertas.
Además, con la aprobación de la ley del derecho a la vivienda que obliga al establecimiento de un sistema de ayudas para el pago del alquiler se han establecido la concesión de estas ayudas y su consideración como prestación social. Los beneficiarios de estas prestaciones serán los hogares con bajos ingresos y riesgo de exclusión, y con especial atención las familias monoparentales y las mujeres que hayan sido víctimas de violencia machista, en la medida que las disponibilidades presupuestarias lo faciliten.
Asimismo se establece un sistema permanente de convocatorias que establece un mecanismo de adjudicación directa a las personas que se inscriban en este registro de solicitantes. También se han instalado oficinas comerciales permanentes y visitas al piso muestra durante todo el tiempo que esté abierta la convocatoria de ajudicación.
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La vivienda, ¿aún es un derecho? VPO
Las dificultades económicas provocadas por la crisis, hacen crecer la demanda de pisos de protección oficial.
Todo estado de derecho que se precie, desarrolla sus políticas de vivienda para facilitar el acceso a la misma a sus ciudadanos. Si analizamos la evolución del parque público de viviendas de los países europeos, España es el país que más ha incrementado su stock en los últimos 30 años.
En Cataluña concretamente, la Generalitat ha informado que existen 3.264 pisos de protección oficial vacíos producto de las políticas que han desarrollado en los últimos tiempos. Mucho optan, por su descalificación, para poder exonerarlos a un precio de mercado.
La temporalidad de los contratos laborales, los bajos sueldos, la falta de estabilidad económica, etc. impiden que los jóvenes, sobretodo, puedan acceder a los gastos fijos que supone la compra de una vivienda. Por ello, los gobiernos están buscando nuevas fórmulas que sustituyan la tradicional compra-venta de toda la vida. La solución parece ser el alquiler con opción a compra. Permite adquirir el piso o residencia sin tener que hacer frente al gasto inicial.
