Desde abril del 2011 el proceso de adjudicación de pisos de protección oficial se ha agilizado mediante distintas medidas, entre ellas el régimen permanente de convocatorias abiertas.
Además, con la aprobación de la ley del derecho a la vivienda que obliga al establecimiento de un sistema de ayudas para el pago del alquiler se han establecido la concesión de estas ayudas y su consideración como prestación social. Los beneficiarios de estas prestaciones serán los hogares con bajos ingresos y riesgo de exclusión, y con especial atención las familias monoparentales y las mujeres que hayan sido víctimas de violencia machista, en la medida que las disponibilidades presupuestarias lo faciliten.
Asimismo se establece un sistema permanente de convocatorias que establece un mecanismo de adjudicación directa a las personas que se inscriban en este registro de solicitantes. También se han instalado oficinas comerciales permanentes y visitas al piso muestra durante todo el tiempo que esté abierta la convocatoria de ajudicación.
