Las dificultades económicas provocadas por la crisis hacen crecer la demanda de pisos de protección oficial.
Ficalidad, Alquileres, legislación relativa al suelo, ahorro energético, control de residuos, ubicación en el entorno urbano, tipología y distribución interior…, son algunas de las disciplinas que afectan a las Viviendas de Protección Oficial.
En este sentido, los gobiernos deben aportar soluciones a los retos que tienen planteados este tipo de viviendas, contando con los profesionales de cada ámbito.
El objetivo no es solo construir, sino considerar la vivienda en su contexto urbano, que permita resolver problemas como las ciudades sin guetos, o la integración de las viviendas en una buena red de comunicaciones y movilidad, un entorno sin barreras arquitectónicas que permitan una plena accesibilidad, etc.
La vivienda social es, además de un derecho, la plasmación de qué política urbanísitica y constructiva tienen que desarrollar los gestores de los gobiernos para garantizar una vivienda digna.
Fundamental, como el propio acceso a la vivienda de protección oficial, es disponer de toda la información legislativa actual, acercar de como exonerar una vivienda de este tipo, como descalificarla.
