El Gobierno del presidente Rajoy ha estudiado esta mañana el anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno, una norma que obliga a las Administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. España se sube así al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la ha calificado como una de las normas más importantes del programa político de Mariano Rajoy. La nueva ley permitirá, sancionar con 10 años de inhabilitación a los cargos que falseen y oculten datos y fija un baremo para limitar el sueldo de cargos públicos de las corporaciones locales. La vicepresidenta ha asegurado que, gracias a esta norma, «el Gobierno se hace responsable de lo que hace el conjunto de las Administraciones». También fija en un mes el plazo en el que las Administraciones tendrán que responder a las preguntas de los ciudadanos. Al menos sobre papel, el plazo es hoy de tres meses.
Inhabilitación de 10 años para los encargados que oculten y falsen datos
Los recortes encarecen o meran servicios públicos esenciales
Recortar los gastos y aumentar los ingresos. Ese es el doble y espinoso objetivo de las comunidades autónomas. Estudiando medidas de ajuste con el fin de cumplir el objetivo del déficit para este año: el 1,5% del PIB. O lo que es lo mismo, recortar entre todas casi 16.000 millones de euros.
Y realizar la reducción del déficit sin tocar servicios públicos es una ardúa tarea. Sin embargo, hay algunas que ya han tenido que echar mano de recortes en sanidad y educación: aumentando horarios a los profesores, reduciendo personal o cerrando quirófanos, imponiendo, como Cataluña con las recetas, tasas extraordinarias… Tras varios ejercicios de recortes en salarios, en plantillas o en inversiones, los nuevos sacrificios amenazan directamente al Estado de bienestar de cada comunidad autónoma.
Pero la predición para este año no es mejor. Y probablemente los ingresos se reduzcan, al menos en lo que respecta a los procedentes del Estado. Varias comunidades deberán rediseñar unos ya ajustados presupuestos.
Otra ofensiva judicial contra el fallo de la inmersión lingüística
Una semana después de la negación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al actual sistema de inmersión lingüística en la escuela catalana, los defensores de la causa bilingüe expusieron ayer el arsenal judicial con el que pretenden desactivar el auto del alto tribunal autonómico y obligar al Govern a aceptar las cinco sentencias previas del Tribunal Supremo, que le imponen devolver al castellano el rango de lengua vehicular en las aulas.
Convivencia Cívica Catalana, que es una entidad que desde 1998 ampara y representa a las familias que piden escolarización en español, anunció ayer que en la próxima semana presentará una querella por prevaricación contra la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por incumplir deliberadamente la ley al no conceder la escolarización en esa lengua a cerca de 800 familias que le elevaron una petición formal tras los pronunciamientos del Supremo. Según Francisco Caja, presidente de CCC, al continuar con el sistema de inmersión lingüística, la consejera «ha incurrido en un claro delito de prevaricación porque ese modelo lingüístico va en contra de la idealización y la letra de la Constitución y contradice sentencias firmes del Tribunal Constitucional, el Supremo y el propio TSJC».
En esta línea de incumplimiento, tal como decía ayer el periódico ABC, la Generalitat ha omitido un curso más la demandada casilla lingüística en la preinscripción escolar, según Caja, «el primer paso para que las familias puedan optar a este derecho constitucional». «Es un incumplimiento recalcitrante que se suma a la lista de ilegalidades que se están produciendo», dice el presidente de CCC.
Fuente: abc.es
Alemania dice que España ha hecho grandes esfuerzos contra el déficit
La ofensiva diplomática del Gobierno español en Bruselas busca una doble vía: cortejar a la Comisión Europea para que el desafío del presidente Mariano Rajoy tras la pasada cumbre no perjudique, y convencer a Alemania de que a pesar de que las cifras de déficit se dispararon en 2011, los recortes se han puesto en marcha y el compromiso de España con la austeridad y las reformas es total. Para el segundo fin, el ministro de Economía, Luis De Guindos, se ha reunido con Wolfgang Schäuble, y según ha afirmado «España ha hecho un gran progreso», dejando en un segundo plano que el Gobierno español pretende incumplir el objetivo de déficit este año para no agravar la recesión.
Rajoy ha contactado con la canciller alemana, Angela Merkel. Y Alemania ha mantenido una neutralidad con el requerimiento español de flexibilizar las metas fiscales este año para cumplir con el 3% del déficit el año próximo, algo en lo que Berlín sí es inflexible. Fuentes diplomáticas aseguran que tanto Berlín como París son favorables a los objetivos del Ejecutivo español, siempre que España exponga con claridad en el Eurogrupo de esta tarde las razones de la desviación del déficit en 2011 y las medidas aplicadas para reducir el agujero fiscal. A favor de las pretensiones de Rajoy también juegan las reformas aprobadas, entre ellas la laboral o la financiera, y que son del gusto de Alemania.
Fuente: elpais.es
El Gobierno finalmente limita la dación en pago a viviendas inferiores a 200.000 euros
El Consejo de Ministros aprueba en su reunión de este viernes un decreto ley sobre la dación en pago. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, ha presentado, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, los mecanismos con los que el Gobierno pretende minimizar el impacto social negativo que están teniendo los desahucios en un porcentaje vulnerable de la población española.
El código de buenas prácticas del decreto Ley se aplicará a las «familias con una única vivienda»; cuyos miembros «estén todos en paro» y cuyas «cotas hipotecarias supongan el 60% de los ingresos». La vicepresidenta ha sostenido que «quedan excluidas las viviendas de más de 200.000 euros en ciudades con más de un millón de habitantes». Soraya ha afirmado que sobre unas «300.000 podrían verse beneficiadas de la dación» aunque ha reconocido que son datos provisionales.
Fuente: elpais.es
El Govern sigue diciendo que el objetivo de déficit «no es justo, ni proporcional ni serio»
El Govern mantiene que el objectivo de déficit que ha fijado el Gobierno español para las comunidades autónomas, del 1,5% del PIB, no es «ni justo, ni proporcionado, ni serio», según ha mencionado el portavoz del Ejecutivo catalán, Frances Homs, tras la reunión del Consell Executiu de este martes.
Homs ha anunciado que el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell presentará esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta catalana para el déficit de este año, que será más flexible que el 1,5% impuesto por el Gobierno central, ya que la propuesta del Ejecutivo central «no cumple ningún tipo de rigor».