Una semana después de la negación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al actual sistema de inmersión lingüística en la escuela catalana, los defensores de la causa bilingüe expusieron ayer el arsenal judicial con el que pretenden desactivar el auto del alto tribunal autonómico y obligar al Govern a aceptar las cinco sentencias previas del Tribunal Supremo, que le imponen devolver al castellano el rango de lengua vehicular en las aulas.
Convivencia Cívica Catalana, que es una entidad que desde 1998 ampara y representa a las familias que piden escolarización en español, anunció ayer que en la próxima semana presentará una querella por prevaricación contra la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por incumplir deliberadamente la ley al no conceder la escolarización en esa lengua a cerca de 800 familias que le elevaron una petición formal tras los pronunciamientos del Supremo. Según Francisco Caja, presidente de CCC, al continuar con el sistema de inmersión lingüística, la consejera «ha incurrido en un claro delito de prevaricación porque ese modelo lingüístico va en contra de la idealización y la letra de la Constitución y contradice sentencias firmes del Tribunal Constitucional, el Supremo y el propio TSJC».
En esta línea de incumplimiento, tal como decía ayer el periódico ABC, la Generalitat ha omitido un curso más la demandada casilla lingüística en la preinscripción escolar, según Caja, «el primer paso para que las familias puedan optar a este derecho constitucional». «Es un incumplimiento recalcitrante que se suma a la lista de ilegalidades que se están produciendo», dice el presidente de CCC.
Fuente: abc.es