Una reforma en profundidad del Estado de las autonomías que prácticamente vacíe a las comunidades autónomas de contenido. Es la propuesta que ha trasladado la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, al presidente del Gobierno, en la reunión que han mantenido este mediodía durante hora y media en el palacio de La Moncloa.»Si España lo necesita, educación, sanidad y justicia deberían volver al Estado y transporte y servicios sociales a los Ayuntamientos», ha defendido Aguirre, la primera dirigente popular que plantea en público la devolución de la educación y la sanidad, dos competencias que precisamente transfirió el PP a las autonomías y que suponen el 80% de su gasto. Para esa gran reforma la presidenta madrileña le ha dicho a Rajoy que es «imprescindible la colaboración del PSOE», para lo que le ha pedido que llegue con este partido a un «consenso de Estado».
El cálculo de Aguirre es que esta reorganización profunda de la Administración supondría un ahorro de 48.000 millones de euros. La presidenta sostiene que es necesario adelgazar el Estado y revisar el modelo autonómico. El Estado de las autonomías, dice, «no ha servido para lo que se creó, integrar a nacionalistas vascos y catalanes, y el café para todos sí ha servido para complicar el Estado y encarecer el coste de otras regiones». «Tenemos que ceder hacia arriba muchas competencias». Con esa reorganización competencial se podría prescindir, según la dirigente madrileña, «de muchísimos cargos, parlamentos autonómicos, asesores, altos cargos, políticos…»
Entre esos recortes, Aguirre ha dado algunos ejemplos de lo que a su juicio sería prescindible: en la educación, el bachillerato podría dejar de ser gratuito «porque no es educación básica», y en el ámbito sanitario también podrían dejarse servicios fuera de la cobertura pública: «Todo lo que se refiere a la salud y a la curación de enfermedades va a seguir siendo gratuito, a lo mejor hay otras prestaciones que van a dejar de serlo». En ese sentido, la dirigente madrileña sugiere la progresividad también en el pago del transporte público. «La gente que tiene una renta muy alta no tendrá subvención al transporte». La política popular no ha aclarado si quien ha recibido sus mensajes, Mariano Rajoy, se ha mostrado comprensivo con todos o alguno de ellos.